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Bangladesh considera endurecer legislación en ciberseguridad debido a la violencia generada con IA contra las mujeres

La ley sobre ciberseguridad propuesta por Bangladesh abarca a falsos generados con IA, pero los detractores advierten que las disposiciones abiertas sobre rumores, difamación y desinformación podrían revivir la censura y amenazar la libertad de expresión en línea, pese a que las víctimas necesitan protección.

By Masudul Zarif, translated by Valeria Malavolta · Global Voices en Español (CC BY 3.0) · Learner adaptation by The Easy Spanish News

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La vigilancia estatal y el control de la libertad de expresión en línea tienen una larga historia en el país.

Este artículo es parte de la serie Spotlight de Global Voices de octubre de 2026 “Gigantes tecnológicos y autoritarismo”. Esta serie explora cómo las empresas gigantes de tecnología facilitan y obstaculizan a Gobiernos y prácticas autoritarias, y cómo estas decisiones influyen en los países en desarrollo. Puedes apoyar esta cobertura con una donación.

Bangladesh está reconsiderando sus leyes de ciberseguridad. Quiere incluir las imágenes hechas con IA. El borrador generó un gran debate sobre el control del Estado en la libertad de expresión. La división de la ley de protección cibernética (enmienda) publicó el borrador a mediados de septiembre. Ahora el texto está en una comisión de cinco miembros. Esta comisión está dirigida por Faqir Mahbub Anam, ministro de Publicaciones, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y la Comunicación. El 19 de octubre hubo un debate. En este encuentro, personalidades de los medios, expertos en leyes y la sociedad civil pidieron eliminar las cláusulas más cuestionadas.

Esta medida llega después de una temporada de campañas con medios sintéticos. Global Voices informó sobre un estudio. Este estudio identificó 72 artículos manipulados con IA. Estos contenidos crecieron entre diciembre de 2025 y las elecciones del 12 de febrero de 2026. Las imágenes falsas de políticos fueron la táctica más común. También hubo imágenes falsas de canales de noticias. El Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) ganó las elecciones. Este partido fue el blanco más frecuente, con 47 casos.

La vigilancia del Estado y el control de la libertad de expresión tienen una larga historia. El artículo 57 de la ley de tecnologías de la información y la comunicación de 2006 castigaba el contenido en línea. Ese contenido podía ser difamatorio, ofensivo para la religión o perjudicial para el Estado. Una enmienda de 2013 endureció la norma con sentencias de hasta 14 años. Periodistas y usuarios corrientes de las redes sociales sufrieron acusaciones por estas acciones. Tras años de protestas, el Gobierno prometió eliminar el artículo 57. Sin embargo, en octubre de 2018, cuando se aprobó la ley de seguridad digital, los mismos delitos aparecieron en los artículos 25, 28, 29 y 31. En 2023, el ministro de Justicia declaró ante el Parlamento que existían 7001 casos. El escritor Mushtaq Ahmed murió bajo custodia policial en 2021 tras pasar diez meses en prisión por la ley de seguridad digital. Su muerte provocó protestas dentro y fuera del país.

En 2023, el partido gobernante, la Liga Awami, sustituyó la ley de seguridad digital por la ley de ciberseguridad. Amnistía Internacional aseguró que la nueva norma repetía casi todas las medidas represivas. Tras el levantamiento de julio de 2024, el gobierno interino eliminó nueve artículos con un nuevo decreto en 2025. Los grupos de derechos humanos denuncian que cientos de casos de años anteriores continúan abiertos.

Fraude en las elecciones y más

Las mujeres en la política sufrieron un tipo de ataque muy específico. Un análisis del medio Daily Star sobre contenidos de IA antes de las votaciones descubrió algo grave. Las páginas a favor de la Liga Awami atacaban a las líderes del Partido Nacional de los Ciudadanos. Usaban imágenes falsas para sugerir problemas de moral y sexualidad. Después de las elecciones, una verificación de datos de Prothom Alo encontró imágenes falsas y declaraciones inventadas sobre candidatas para los escaños de mujeres. Tanvir Mahabat Abir, de Rumor Scanner, declaró que las mujeres públicas, sobre todo las políticas, son víctimas habituales de la desinformación.

No todos los ataques tienen fines políticos. Datos del Daily Star muestran que varias páginas de Facebook usaron vídeos falsos, conocidos como deepfakes. Estos vídeos mostraban al primer ministro Tarique Rahman y a su familia. Entre ellos estaba su hija Zaima Rahman. El objetivo era promover «tarjetas familiares» falsas a cambio de «me gusta» y seguidores. De las 52 publicaciones analizadas, 13 incluían a Zaima. El administrador de una página explicó al verificador de datos Dismislab que querían conseguir seguidores rápido para vender las páginas. Para muchos creadores, el dinero en las redes sociales es el principal motivo, además de la política.

Un caso que no tuvo remedio

Para las mujeres comunes, el daño puede durar mucho más tiempo. Fazana Sithi es una estudiante y activista conocida por su papel en las protestas estudiantiles de 2024. En marzo de 2025, Dismislab investigó un perfil falso de Facebook creado para atacarla. Hubo 166 publicaciones y vídeos entre el 13 de diciembre de 2024 y el 17 de marzo de 2025. De ellos, 133 eran vídeos falsos creados con IA. Pusieron su cara en vídeos de dos creadores de contenido de la India que estaban bailando. Los cinco vídeos más vistos superaron los 4,1 millones de visitas. La cuenta ganó dinero gracias a la función Facebook Stars.

Sithi declaró a Dismilab que aquellos vídeos buscaban destruir su reputación. Añadió que sufrió acoso y humillación constante. Ella denunció el perfil a Facebook muchas veces. Los expertos en tecnología que la ayudaron le exigieron entre cien y 150 dólares para borrar la cuenta falsa y los vídeos. Ella no podía pagar esa cantidad. Cuando Dismislab publicó su informe, la cuenta seguía activa. En los comentarios de las publicaciones había incluso amenazas de violación.

Qué abarca la ley, y qué podría cambiar el borrador

Los expertos en leyes señalan que el sistema actual no puede seguir el ritmo de los avances en contenido falso. La ley de protección cibernética se aprobó el 10 de abril de 2026 y recibió una enmienda el 30 de junio. El artículo 25 ya castigaba la extorsión, el acoso sexual, la pornografía de venganza, el abuso a menores y la difusión de contenido creado con IA.

Según el ministerio, estos delitos se castigan con hasta dos años de cárcel. La pena sube a cinco años si la víctima es mujer o menor de 18 años. La ley actual persigue la IA sobre todo cuando se usa en delitos que ya existían. Sin embargo, no ofrece una norma específica para los vídeos falsos en la política.

El nuevo borrador pretende cambiar esta situación. Añadiría conceptos como la calumnia, la humillación y el acoso al artículo 25. También nombraría de forma explícita el contenido creado con IA. Una investigación anterior de Prothom Alo reveló que la pena máxima subiría a cinco años de prisión. La multa sería de dos millones de takas, unos 16 131 dólares. Si la víctima es mujer o menor de 18 años, la pena sería de 10 años de cárcel y cuatro millones de takas, unos 32 262 dólares. Un nuevo artículo, el 26A, castigaría la difusión de un «rumor» o una «desinformación». La pena sería de hasta 10 años de prisión y una multa de cuatro millones de takas. El borrador define el rumor como información no verificada que causa confusión, pánico o inestabilidad social.

El Gobierno presenta esta reforma como una respuesta al daño actual. Al aprobar una enmienda en junio, el ministerio de Tecnologías de la Información declaró que exigiría a plataformas como Meta borrar el contenido denunciado en un plazo fijo. Varios funcionarios explicaron a Prothom Alo que las penas más duras buscan reducir los vídeos, audios e imágenes falsos hechos con IA.

La preocupación por la libertad de expresión

Los críticos aseguran que el borrador va mucho más allá de ese objetivo. Transparencia Internacional Bangladesh advirtió que términos como «rumor» o «degradante» son muy vagos. Esto permitiría una aplicación injusta de la ley. Una declaración conjunta de varios grupos de derechos humanos aseguró que el texto recuerda a la antigua ley de seguridad digital. El Comité para la Protección de Periodistas criticó que los periodistas puedan recibir cargos penales por denunciar a funcionarios con datos considerados no verificados. Un análisis de Asia Times señaló que, al incluir la difamación en el artículo 25, las penas más altas para delitos contra mujeres se aplicarían en más casos, no solo en los abusos sexuales.

Números, brechas y respuestas locales

Los datos sobre estos delitos son muy altos. Un informe de Dhaka Tribune indicó que la policía había atendido a 60 808 mujeres en su unidad de ciberapoyo hasta septiembre de 2024. También citó una encuesta del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) de 2024. Según ese estudio, casi el 89% de las mujeres que usaban redes sociales sufrió violencia en línea al menos una vez. Los funcionarios afirman que el número real es mayor porque muchas mujeres no denuncian. Las cifras oficiales no separan los casos que implican el uso de inteligencia artificial.

Los investigadores observan un patrón parecido en toda la región. Un estudio del Journal of Online Trust and Safety organizó tres seminarios con 49 profesionales en Sri Lanka, India y Bangladesh. El estudio concluyó que las mujeres son víctimas de forma desproporcionada. Además, las plataformas fallan al moderar contenidos en los idiomas del sur de Asia, y las víctimas tienen problemas para recibir ayuda institucional. El caso de Sithi demuestra que el coste de la ayuda privada está fuera del alcance de muchas personas.

Las habilidades digitales son otro motivo de gran preocupación. El Banco de Desarrollo de Asia informa que el nivel de conocimientos digitales en Bangladesh es del 49%. Los habitantes de zonas rurales tienen un 29% menos de probabilidades de usar internet móvil en comparación con las ciudades. La Oficina de Estadística de Bangladesh publicó datos en abril de 2026. Esos datos muestran que el 56,6% de los hombres usa internet frente al 50,2% de las mujeres. Los activistas argumentan que las personas con menos conocimientos digitales tienen más problemas para identificar contenido falso o pedir ayuda. Sin embargo, estas encuestas no miden cuántas personas han visto vídeos de tipo deepfake.

Fuera del ámbito del Gobierno, los verificadores de datos intentan mejorar la situación. El evento FactFest 2026 se celebró entre el 27 y el 28 de septiembre. Reunió a cerca de cien verificadores, periodistas e investigadores, según un organizador. Sus 13 sesiones trataron sobre la inteligencia artificial y la desinformación de género. En la última mesa redonda, los ponentes explicaron que los equipos de verificación tienen poco presupuesto y poca coordinación en las redacciones de los grandes medios.

El comité del Consejo de Ministros todavía no ha terminado el borrador. Después, el texto se enviará al Parlamento. El grupo de la sociedad civil Constitution Watchdog pidió al Gobierno que retire el documento y abra de nuevo la consulta pública durante al menos 30 días. El grupo reconoció la intención del Gobierno de proteger a mujeres y menores del abuso en línea y de responder ante los vídeos falsos. Ahora los legisladores deben decidir si una ley más dura puede lograr ese objetivo sin poner en peligro la libertad de expresión.

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