Los activistas climáticos son especialmente vulnerables a detenciones y persecuciones
Este artículo es parte de la serie Spotlight de Global Voices de septiembre 2026, «Protesta en democracia«. Esta serie explora las distintas formas de protestas. También analiza las tácticas que usan los Estados para deslegitimarlas y reprimirlas. Además, estudia la compleja relación entre la protesta y la democracia. Usted puede apoyar esta cobertura con una donación.
En toda Europa, los Gobiernos recurren a leyes penales contra quienes protestan por el clima y el ambiente. Esta situación no muestra señales de retroceder. Un estudio comparativo se publicó a fines de 2025. El trabajo analizó 14 países desarrollados y países en desarrollo. El estudio concluyó que la criminalización forma parte de un patrón más amplio de represión. Los investigadores identificaron detenciones. También detectaron nuevas leyes que restringen las protestas. Asimismo, observaron el uso estratégico de leyes y procedimientos legales vigentes. Otras tácticas son la vigilancia, el hostigamiento y la deslegitimación pública de los activistas.
Las cifras muestran la magnitud de la respuesta. Un estudio sobre las protestas climáticas reveló un dato importante. El 17.2% de las protestas en Reino Unido terminó con detenciones. En comparación, el promedio internacional es del 6.3%. En Berlín, la fiscalía recibió 5681 causas. Esos casos se relacionaban con el movimiento climático Letzte Generation (Última generación). Las causas ocurrieron entre enero de 2022 y octubre de 2025. Sin embargo, las autoridades archivaron casi la mitad de ellas.
La tendencia continuó durante el año 2026. En julio, un tribunal francés de apelación confirmó las condenas contra cuatro defensores ambientales. Ellos organizaron la protesta prohibida de Sainte-Soline. Esa manifestación se oponía a la construcción de grandes reservas de agua para uso agrícola. Días después, en Turquía, la activista ambiental Esra Işık fue condenada a dos años y un mes de prisión. Ella espera que se resuelva su apelación. Antes pasó 42 días en prisión preventiva. El motivo fue su participación en una protesta pacífica. La protesta se relacionaba con la expansión de la minería de carbón cerca del bosque de Akbelen. Por otra parte, en Australia, la policía detuvo a 138 personas. Ellos impidieron que un buque cargado de carbón atracara en un puerto muy concurrido.
Sin embargo, los expertos internacionales en derechos humanos han ido en otra dirección. En octubre de 2025, Michel Forst publicó un documento clave. Él es el relator especial de Naciones Unidas sobre defensores del ambiente en el marco del Convenio de Aarhus. El documento se titula Directrices sobre el derecho a la protesta ambiental pacífica y la desobediencia civil. Las directrices instan a los Estados a no utilizar el aumento de los actos de desobediencia civil como pretexto. Piden no restringir el espacio cívico. También exigen garantizar que las sanciones contra quienes protestan pacíficamente sean necesarias y proporcionales. En marzo de 2026, varios relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresaron su firme respaldo a las directrices.
En este contexto, merece especial atención lo que ocurre en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Este tribunal tiene su sede en la ciudad de Estrasburgo.
¿Qué ocurrió en Estrasburgo?
Desde hace tiempo, el TEDH de Estrasburgo desempeña un papel importante. Su labor define hasta dónde pueden llegar los Gobiernos europeos al restringir las protestas y la expresión política. Sus sentencias fijan parámetros de derechos humanos. Esos parámetros aplican para los 46 países del Consejo de Europa.
Las protestas ambientales también forman parte de esta historia. Un ejemplo es el caso Bryan y otros contra Rusia. En ese proceso, el Tribunal concluyó que se habían vulnerado los derechos de activistas de Greenpeace. Ellos habían participado en una protesta contra las perforaciones petroleras en el Ártico. Otro caso relevante es Friedrich y otros contra Polonia. Allí se llegó a una conclusión similar. La decisión ocurrió tras la detención en Gdansk de activistas que protestaban contra un cargamento de carbón. Ambos casos reflejaron una postura clara. El Tribunal de Estrasburgo reconoció que una protesta política puede ser incómoda, poco convencional y disruptiva. A pesar de eso, debe merecer protección.
Luego llegó el caso Ludes y otros contra Francia. En 2019, varios activistas participaron en una acción. Ellos pertenecían al movimiento climático no violento ANV-COP21. Los activistas retiraron retratos oficiales del presidente Emmanuel Macron de municipalidades en toda Francia. Ellos dejaron las paredes vacías. Su objetivo era simbolizar una respuesta insuficiente del Gobierno frente al cambio climático. Los activistas describieron la acción como una «confiscación» temporal de los retratos. Sin embargo, las autoridades francesas calificaron el acto como un robo.
Ante el TEDH, los activistas presentaron sus argumentos. Ellos explicaron que sus condenas habían vulnerado el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Dicho artículo garantiza la libertad de expresión. El Tribunal reconoció varios aspectos de la protesta. Señaló que la acción había sido no violenta. También admitió que transmitía un mensaje político. Además, se refería al cambio climático, un asunto indudablemente de interés público. Aun así, en julio de 2025, el tribunal tomó una decisión. Por cinco votos contra dos, concluyó que no se había vulnerado el artículo 10.
La mayoría de los jueces distinguió entre dos acciones. Una cosa era retirar los retratos y otra distinta era conservarlos. Según su razonamiento, retirar los retratos ya había transmitido el mensaje. Por lo tanto, negarse a devolver los cuadros podía castigarse como un robo. La mayoría consideró que las multas eran relativamente bajas. Esas multas iban de 200 a 500 euros y su ejecución quedó en suspenso. Sin embargo, dos jueces disidentes expresaron otra opinión. Ellos sostuvieron que no era tan sencillo separar ambos actos. La ausencia prolongada de los retratos formaba parte, en sí misma, del mensaje político. También advirtieron sobre otro peligro. Pidieron no recurrir con tanta facilidad al derecho penal contra activistas políticos pacíficos.
Este caso no excluyó las protestas climáticas del ámbito de protección de la libertad de expresión. A pesar de eso, el Tribunal de Estrasburgo tomó una decisión compleja. Reconoció el mensaje político de la acción, su carácter pacífico y la importancia del debate sobre el clima. Sin embargo, dejó firme una condena penal. Por lo tanto, surge una pregunta importante. La duda no es solo si se protege la disidencia. La cuestión central es qué queda de esa protección cuando la disidencia altera deliberadamente las reglas habituales.
Cuando protestar tiene un precio
La protesta reúne dos libertades democráticas fundamentales. Esas libertades son la libertad de expresión y el derecho de reunión. Pero su importancia va mucho más allá. La protesta permite a las personas cuestionar a quienes están en el poder entre una elección y otra. También ayuda a visibilizar la disidencia. Además, permite llevar temas al debate público cuando los canales políticos establecidos no logran hacerlo. Muchos derechos que hoy damos por sentados no se impulsaron únicamente desde las instituciones. Entre ellos están los derechos laborales y la participación política de las mujeres. También se incluyen los derechos civiles y la protección del ambiente. Todos ellos avanzaron gracias a personas concretas. Ellas marcharon, se organizaron e interrumpieron la vida cotidiana.
Por eso, la creciente criminalización de la protesta importa. Su impacto va más allá del destino de cada activista. Un Estado no necesita abolir el derecho a protestar para debilitarlo. El derecho puede seguir protegido en el papel. Mientras tanto, ocurren detenciones, procesos penales, sanciones económicas y procedimientos judiciales prolongados. Esas acciones elevan poco a poco el costo de ejercer la protesta. La posibilidad de enfrentar una detención o un proceso penal puede influir por sí sola. Esa amenaza afecta la decisión de otras personas. Así, muchos deciden no expresarse, no reunirse o no sumarse a la próxima protesta.
Desde la década de 1950, el sistema europeo de democracia y derechos humanos ha evolucionado. Su desarrollo se ha logrado mediante el fortalecimiento gradual de las garantías. Esas garantías protegen la expresión política, el derecho de reunión y la disidencia. Las amenazas a esa tradición no siempre se presentan como restricciones de gran alcance. Tampoco aparecen siempre como nuevas leyes contra las protestas. También pueden surgir de manera más discreta. Esto ocurre a través de cambios en la interpretación de los derechos vigentes. Asimismo, cambian las formas de ponderar esos derechos frente al orden público, la propiedad o el derecho penal.
Una sentencia como la del caso Ludes puede parecer de alcance limitado. Ella involucra a pocos activistas, varios retratos presidenciales y multas relativamente bajas cuya ejecución quedó en suspenso. Pero este tipo de interpretaciones ayuda a definir el espacio futuro. Ese será el lugar donde tendrán lugar las futuras protestas. Por eso, seguir de cerca la criminalización de la protesta implica observar varios aspectos. No basta con mirar lo que hacen los legisladores y los Gobiernos. También es necesario vigilar los cambios menos visibles. Esos cambios ocurren en la forma en que los tribunales trazan los límites de la disidencia democrática.