Cuando las calles se vuelven demasiado peligrosas, la disidencia migra en línea
Este artículo es parte de la serie Spotlight de Global Voices de septiembre 2026, «Protesta en Democracia«. Esta serie busca explorar las distintas formas de protestas, las tácticas que usan los Estados para deslegitimarlas y reprimirlas, y la compleja relación entre la protesta y la democracia. Puedes apoyar esta cobertura con una donación.
El margen para protestar se reduce en gran parte del continente africano. Los Gobiernos recurren a detenciones, toques de queda y cortes de internet para reprimir la disidencia. Cuando las calles se vuelven peligrosas, la disidencia suele hacerse en línea. Precisamente ahí entran en escena las empresas de telecomunicaciones. Estas empresas deciden a menudo, bajo presión del Gobierno, si una llamada telefónica se conecta o si un mensaje llega a su destinatario. Este artículo analiza cómo se ha utilizado ese poder. También examina la responsabilidad que las empresas de telecomunicaciones han eludido con demasiada frecuencia.
Kinshasa es la capital de República Democrática del Congo. Brazzaville es la capital de República del Congo. Ambas ciudades están situadas a ambos lados del río Congo y son como ciudades hermanas. Las comunidades que viven a orillas del río Congo comparten muchas cosas. Tienen más cosas en común de lo que sugieren las diferencias de una frontera colonial. Aquí, la revolución, el deseo de libertad, las protestas y la posterior represión del Gobierno están íntimamente entrelazados.
En estas ciudades, y en todo el continente africano, los jóvenes no se conforman con la situación. Desde Ciudad del Cabo hasta El Cairo, los jóvenes han encabezado manifestaciones. Luchan para defender su derecho a un futuro mejor. Se enfrentan a líderes envejecidos y a déspotas acomodados en su poder.
Para reprimir estos levantamientos, los Gobiernos han cortado internet. La coalición #KeepItOn ha informado de unos cien cortes de internet en todo el continente entre 2016 y 2025. En República Democrática del Congo se han documentado las protestas y los cortes de internet. También se han documentado el caos y la violencia resultantes durante el turbulento mandato del expresidente Kabila y su posterior aferramiento al poder entre 2001 y 2019. En Brazzaville, se limitó la conexión a internet durante las elecciones presidenciales de 2026. Lo mismo ocurrió en las elecciones anteriores de 2021.
Además, es posible que la operadora de telecomunicaciones MTN haya permitido violaciones de los derechos humanos. Dejó que la Dirección General de Seguridad Presidencial utilizara su servicio oficial de mensajería. Querían animar a la población a entregar información sobre disidentes. Esa práctica ya ha llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales. Más allá de estos países, empresas de telecomunicaciones como Airtel, Tigo, MTN y Vodacom se han visto implicadas en cortes de red. También han participado en intercambios de datos personales de los usuarios con Gobiernos de toda África y Medio Oriente.
Las empresas de telecomunicaciones hacen importantes inversiones en su infraestructura. Son propietarias de esa infraestructura, la gestionan y la controlan. Constituye la base de las comunicaciones modernas. Como proveedores de servicios de internet, estas empresas controlan los flujos de tráfico de red y de información. Esos flujos determinan cómo usamos internet. En su calidad de guardianes, también pueden decidir si podemos acceder a internet. O si podemos hacer una llamada telefónica que podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Este poder conlleva una responsabilidad. Consiste en proteger los derechos humanos de los usuarios. Sin embargo, las empresas de telecomunicaciones descuidan esa responsabilidad. Lo hacen cuando cumplen las exigencias del Gobierno de cortar la red. También fallan cuando entregan los datos personales de los usuarios al Gobierno.
Para complicar más las cosas, empresas de telecomunicaciones como MTN y Vodacom mantienen relaciones documentadas con miembros de Gobiernos africanos. Destacan entre ellos el expresidente Kabila, de República Democrática del Congo, y el presidente Cyril Ramaphosa, de Sudáfrica. Además, hay muy poca información disponible sobre los acuerdos de espectro y concesión de licencias. Las empresas de telecomunicaciones han firmado esos acuerdos con los Gobiernos.
A esta falta de transparencia se suman estructuras de propiedad complejas y confusas. Esas estructuras dificultan comprender quién es responsable. Alguien debe asumir responsabilidades por las decisiones que vulneran los derechos humanos. Estas relaciones se unen a una falta de transparencia generalizada en el sector. Todo esto pone en duda la responsabilidad de las empresas de telecomunicaciones cuando son cómplices de violaciones de derechos humanos. En un entorno de regímenes autoritarios, dictaduras y corrupción, una relación estrecha con el Gobierno difumina la independencia de las empresas. Así, se pone en duda si priorizan los derechos humanos de los usuarios o las exigencias del Gobierno.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce varios derechos. Reconoce el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de reunión y a no ser sometido a detención arbitraria. Como miembros del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, tanto MTN como Vodacom tienen una obligación. Deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados internacionalmente. Al mismo tiempo, deben asegurarse de no ser cómplices de violaciones de los derechos humanos.
Sin embargo, ambas empresas han llevado a cabo cortes de red. También han entregado información personal de los usuarios en toda África. Lo hacen a menudo en momentos de disturbios y protestas. No son las únicas en este sentido. La campaña #KeepItOn también destaca el papel de Safaricom y Zain. Esas empresas restringieron la conexión a internet durante las protestas. La imposibilidad de comunicarse puede tener graves consecuencias para los manifestantes. Pero, más allá de los activistas, los cortes facilitan numerosos riesgos y violaciones de los derechos humanos. Entre ellos está la imposibilidad de realizar llamadas telefónicas que pueden salvar vidas a hospitales o a las fuerzas del orden.
Podemos y debemos exigir algo mejor. Muchas personas arriesgan su seguridad en primera línea para defender sus derechos. Junto a ellas, se puede trabajar para impulsar cambios en el comportamiento de las empresas.
Investigaciones recientes en empresas de telecomunicaciones, como MTN y Vodafone (matriz de Vodacom), revelan una tendencia preocupante. Las empresas se están volviendo menos transparentes. Y eso ocurre precisamente cuando más necesitamos que den un paso al frente en materia de derechos humanos. Las organizaciones están enfrentando a estas y otras empresas tecnológicas. Les exigen responsabilidades. Este tipo de trabajo une a personas y organizaciones. Así pueden utilizar los resultados de la investigación como base de sus protestas, campañas, actividades de defensa y litigios. De este modo, protestamos contra los modelos de negocio perjudiciales. También protestamos contra la perspectiva de «seguir como siempre» que antepone los beneficios a las personas.
El cambio a través de esta línea de protesta sigue siendo posible, aunque sea lento. Exigir responsabilidades a las empresas es una forma de protesta. Eso ha dado lugar a una demanda civil contra Telenor Noruega. La demanda ha obligado a la empresa a asumir la responsabilidad por su papel en la muerte de personas. Esas personas se atrevieron a enfrentar a la junta militar de Myanmar. En Estados Unidos, como miembros de la Coalición para la Investigación Tecnológica Independiente, apoyamos la lucha contra la política nacional de inmigración. Y ganamos.
Exigir a las compañías que cumplan sus compromisos en materia de derechos humanos es una forma de protesta. Hacer que las empresas tecnológicas asuman su responsabilidad es otra forma de protesta. Exigirles más transparencia también lo es. A lo largo del río Congo y más allá, nos solidarizamos con quienes luchan por sus derechos humanos. Aunque corten la red, seguiremos documentando las políticas y prácticas de las empresas de telecomunicaciones. Hemos visto una y otra vez que los Gobiernos consideran que la verdad es objeto de debate. Por eso, incluso documentar los hechos es una forma de protesta.
Ranking Digital Rights promueve la libertad de expresión y la privacidad en internet. Lo hace mediante la creación de normas globales e incentivos para que las empresas respeten y protejan los derechos de los usuarios. Colaboramos con personas y organizaciones de todo el mundo. Exigimos a las empresas tecnológicas que asuman responsabilidades por sus políticas y prácticas. Esas prácticas ponen en peligro los derechos humanos fundamentales para nuestra dignidad y nuestra democracia.