Se acusa a la empresa pública de promover crímenes contra la humanidad
Este artículo es parte de la serie Spotlight de Global Voices de octubre de 2026 “Gigantes tecnológicos y autoritarismo”. Esta serie explora cómo las empresas gigantes de tecnología facilitan y obstaculizan a Gobiernos y prácticas autoritarias. También explora cómo estas decisiones influyen en los países en desarrollo. Puedes apoyar esta cobertura con una donación.
Telenor es una empresa multinacional de telecomunicaciones de Noruega. Ahora enfrenta acusaciones por su participación en divulgar datos confidenciales de sus clientes al gobierno militar de Myanmar.
La demanda podría prosperar en la justicia. Si eso ocurre, sería el primer caso en la historia con este tipo de responsabilidad. Una empresa de telecomunicaciones sería responsable por no proteger los datos de sus usuarios ante el uso indebido de un régimen autoritario.
Telenor operó en Myanmar entre los años 2014 y 2022. En ese tiempo tuvo 18 millones de abonados. En febrero de 2021 ocurrió un golpe de Estado en el país. Después de ese evento, Telenor enfrentó fuertes presiones. La junta militar exigió que la empresa cumpliera sus instrucciones para vigilar a las personas y bloquear contenidos. Por eso, Telenor decidió abandonar Myanmar. Sin embargo, varias organizaciones de la sociedad civil se opusieron a la venta del negocio local. La empresa quería vender sus operaciones locales a una compañía vinculada a la junta militar.
En diciembre de 2024, el grupo activista Justicia para Myanmar presentó una denuncia contra Telenor en Noruega. El grupo la acusó por incumplimiento de la ley de aprobaciones. El Estado de Noruega desestimó la acusación al principio. Pero la denuncia volvió a presentarse en octubre de 2025. Esta vez incluyó un cargo adicional por complicidad en crímenes contra la humanidad.
El Estado noruego tiene una participación del 54 % en la empresa Telenor. En diciembre de 2025, el Parlamento noruego inició una investigación oficial sobre las operaciones de Telenor en Myanmar. El responsable del comité disciplinario del Parlamento declaró lo siguiente: «Debemos esclarecer cómo una empresa estatal pudo cooperar con un brutal régimen militar. También debemos saber cómo pudo ceder información de clientes sobre la oposición en Myanmar».
En abril de 2026, varios ciudadanos de Myanmar interpusieron una denuncia civil colectiva en Noruega contra Telenor. Lo hicieron porque la empresa compartió sus datos personales sensibles con la junta militar. La denuncia sostenía que Telenor facilitó al régimen al menos 1253 números de teléfono. Estos datos incluían también registros de llamadas y datos de localización. Además, contenían nombres, direcciones, números de identificación, cuentas de Facebook y cuentas bancarias vinculadas a los números de teléfono móvil.
Entre los denunciantes está Tha Zin. Ella es viuda del rapero y diputado Phyo Zeya Thaw. La junta militar lo detuvo por una acusación falsa. Luego lo condenó y finalmente lo ejecutó. Tha Zin dijo que la junta militar detuvo a su marido inmediatamente después de acceder a la información de su cuenta.
I lost my husband. It is not just a wife losing her husband. It is also a loss to the movement. It is also a loss to democracy because my husband was committed to democracy and a youth leader. Losing him means a loss to the country.
He perdido a mi marido. No se trata solo de una esposa que pierde a su marido. Es también una pérdida para el movimiento. Además, es una pérdida para la democracia. Mi marido estaba comprometido con la democracia y era un líder juvenil. Su pérdida supone una pérdida para todo el país.
El abogado Jan Magne Langseth resumió el contenido de la denuncia.
Telenor ASA in Norway clearly contributed to the practice of handing over user data, despite the inherent risks for its customers in Myanmar. We have evidence of cases where the team at HQ expressly recommended the data to be handed over.
La empresa Telenor ASA en Noruega contribuyó claramente a entregar los datos de los usuarios. Lo hizo a pesar de los riesgos directos que esto suponía para sus clientes en Myanmar. Tenemos pruebas de casos claros. En ellos, el equipo de la sede central recomendó de forma explícita que se entregaran los datos.
En septiembre de 2026, las autoridades actuaron contra la empresa. El Servicio Nacional de Investigación Penal de Noruega y el servicio de seguridad interior registraron las oficinas de Telenor por los cargos presentados en su contra.
Yadanar Maung es la portavoz de la organización Justicia para Myanmar. Ella acogió favorablemente la decisión de las autoridades noruegas. Celebró que aceptaran investigar a Telenor.
Telenor’s transfer of spyware to a military-linked company and sharing of sensitive data with the military junta was extensively documented
We hope this will finally lead to accountability for the harms Telenor has caused Myanmar people through its conduct and its dangerous divestment.
Telenor transfirió programas espía a una empresa vinculada al Ejército. También intercambió datos confidenciales con la junta militar. Estas acciones quedaron ampliamente documentadas.
Esperamos que esto sirva finalmente para algo importante. Queremos que Telenor asuma la responsabilidad por los daños que ha causado al pueblo de Myanmar. Esos daños ocurrieron por su conducta y por su peligrosa salida del país.
Telenor envió varias declaraciones a los medios de comunicación. En ellas dijo que colabora con las autoridades en la investigación en curso. La empresa añadió que debía defender a sus propios empleados en Myanmar.
In Myanmar, refusing requests from the military authorities could, in the worst case, have led to imprisonment, torture or the death penalty.
Telenor Myanmar had no real options. We could not play Russian roulette with the lives of our employees.
En Myanmar, negarse a cumplir las órdenes de las autoridades militares podía ser muy peligroso. En el peor de los casos, podía causar el encarcelamiento, la tortura o la pena de muerte.
Telenor Myanmar no tenía alternativas reales. No podíamos jugar a la ruleta rusa con las vidas de nuestros empleados.
David Fidjeland es el director de medios de Telenor. Él reiteró este mismo punto ante la prensa.
Our employees risked imprisonment, torture or the death penalty if the military authorities’ orders were not complied with. We found that we had no real choice and that we could not put our employees’ lives at risk.
Nuestros empleados se arriesgaban a graves peligros si no cumplían las órdenes de las autoridades militares. Podían terminar encarcelados, torturados o condenados a pena de muerte. Nos dimos cuenta de que no nos quedaba otra opción. Por eso, no podíamos poner en peligro la vida de nuestros empleados.
Telenor reconoció la violencia ejercida por la junta militar. Sin embargo, sostuvo que el bienestar de sus empleados no debía ponerse en peligro en ningún momento.
Telenor acknowledges that human rights due diligence must consider all rights-holders. However, when faced with the brutal force of the military, Telenor maintains that an employer cannot give instructions that put employees’ lives at direct risk.
Telenor reconoce un principio importante sobre los derechos humanos. La diligencia debida en esta materia debe tener en cuenta a todas las personas afectadas. Sin embargo, Telenor enfrenta la violencia de las fuerzas militares. Por eso sostiene que un empleador no puede dar instrucciones que pongan en riesgo directo la vida de los trabajadores.
Las organizaciones de la sociedad civil opinaron sobre el tema. Señalaron que la investigación supone un paso adelante en la lucha contra la impunidad. La organización Civicus afirmó que las empresas nunca deberían permitir que se vulneren los derechos humanos.
The Telenor case has the potential to challenge impunity. It should refocus the minds of democratic states and companies headquartered in them, offering a warning that they can be exposed for complicity in the junta’s atrocities. It should give fresh impetus to civil society’s efforts to hold states and companies to account.
El caso Telenor tiene el potencial de cuestionar la impunidad. Debería hacer reflexionar a los Estados democráticos y a las empresas con sede en esos países. Este caso les advierte que pueden sufrir acusaciones de complicidad por las atrocidades de la junta. Además, debería dar un nuevo impulso a los esfuerzos de la sociedad civil. Así podrán exigir responsabilidades a los Estados y a las empresas.
Faiz Naeem es analista de políticas para Asia-Pacífico en la organización Access Now. Él añadió que el caso de Telenor recuerda algo muy claro a las empresas. Sus obligaciones con los usuarios no terminan cuando abandonan un país sometido a un régimen autocrático.
The decision to investigate Telenor for crimes against humanity should be a wake-up call for every technology and telecom company operating in a high-risk environment: leaving a market does not mean leaving your human rights responsibilities behind.
La decisión de investigar a Telenor por crímenes contra la humanidad es importante. Debería ser un llamado de atención para todas las empresas tecnológicas y de telecomunicaciones. Esto aplica para las empresas que operan en un entorno de alto riesgo. Abandonar un mercado no significa dejar atrás las propias responsabilidades en materia de derechos humanos.
La denuncia colectiva civil pide una reparación económica. Reclama una indemnización por valor de 9000 euros (alrededor de 10 500 dólares) por cada cliente afectado.