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Negligencia médica llevó a la muerte a Alfredo Díaz en una prisión venezolana

Pese a los cambios en el Gobierno, un informe de Naciones Unidas confirma que el sistema represivo de Venezuela sigue vigente, y documenta cómo la falta de atención médica bajo custodia estatal llevó a la muerte del líder regional y político Alfredo Díaz.

By Luis Carlos Diaz, translated by Gabriela García Calderón Orbe · Global Voices en Español (CC BY 3.0) · Learner adaptation by The Easy Spanish News

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El Estado negó atención médica a un exgobernador pese a claras señales de alerta

Lee nuestra cobertura especial sobre la lucha de Venezuela por la democracia y la crisis política. Esta crisis empezó desde las elecciones presidenciales de 2024, tras las acusaciones documentadas de fraude electoral.

Esta es la primera entrega de una serie de Luis Carlos Díaz. El autor informa sobre casos de tortura, negligencia y tratos crueles a prisioneros políticos. Se basa en el informe de la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas. Este texto se publicó originalmente en Runrunes y lo tradujo Caracas Chronicles.

Para empezar esta serie, hay que examinar cómo se elaboró el informe más reciente de la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela. El informe se basa en 213 entrevistas confidenciales con 121 víctimas, parientes y testigos. También utiliza datos forenses y documentos judiciales. Así, el documento compara el riguroso umbral probatorio de motivos razonables para creer.

El Estado venezolano se negó por completo a cooperar. Sin embargo, los hallazgos técnicos de la Misión revelan una realidad crucial. El 3 de enero ocurrió la intervención militar de Estados Unidos y las fuerzas capturaron a Nicolás Maduro. Luego, la presidenta interina Delcy Rodríguez anunció cambios en el gabinete. También prometió la liberación de cientos de prisioneros y la supervisión de detenciones prolongadas.

Sin embargo, Naciones Unidas reveló un dato importante. Al menos 18 funcionarios de alto rango ocupan posiciones importantes de poder o mando militar. Esas personas ya estaban antes implicadas en violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad. Entre ellas figuran Diosdado Cabello, Gustavo González López, Alexander Granko Arteaga y Vladimir Padrino López. El núcleo de la arquitectura de la represión estatal sigue intacta. Ese núcleo brinda el contexto estructural para los casos individuales documentados en esta serie.

Antes de entrar en el caso de Alfredo Díaz, quiero abordar una pregunta. Es una duda que suele quedar cuando debatimos los informes de Naciones Unidas. ¿Para qué es todo este trabajo? ¿Qué pasa con un informe como este una vez que se publica?

La Misión de Determinación de los Hechos no es un capricho. Tampoco nació para hacer un diagnóstico general y quedarse ahí. El Consejo de Derechos Humanos la creó en la resolución 42/25 de 2019. Tiene un mandato concreto. Su misión es documentar los crímenes más graves ocurridos en el país. Busca combatir la impunidad, asegurar que se asuman las responsabilidades debidas y lograr justicia para las víctimas. Eso tiene consecuencias prácticas, aunque no sean inmediatas.

La Misión es un cuerpo de investigación. Es uno de siete mecanismos activos en todo el mundo. Así de extraordinaria es nuestra situación. Así de fuerte ha sido la sociedad civil para organizarse y lograr su renovación en cuatro ocasiones. En octubre, los países del Consejo de Derechos Humanos votaron para extender su mandato por dos años más.

Cada vez que la Misión concluye que hay motivos razonables para creer algo, actúa. Si concluye que una persona participó en una violación de derechos humanos, guarda la información. Esa conclusión queda documentada con expedientes, testimonios y pruebas. Todo eso se almacena en bases de datos seguras. El material no se pierde, aunque hoy no haya un tribunal venezolano dispuesto a usarlo.

Esa documentación ya ha tenido efectos reales fuera de Venezuela. El informe menciona un ejemplo claro. Un tribunal federal argentino emitió en junio de 2026 una solicitud de extradición contra un exmilitar venezolano. Ese hombre está vinculado a la represión de 2014. Vive en España gracias al principio de jurisdicción universal. Ese principio permite que un país juzgue crímenes graves cometidos en otro lugar cuando el país de origen no ofrece justicia. Ese militar apareció en el informe especial de 2025. Dicho informe estuvo dedicado a la Guardia Nacional Bolivariana.

Por otro lado, Venezuela denunció formalmente el Estatuto de Roma en julio de 2026. Así decidió no cooperar con el tribunal de La Haya. Sin embargo, el informe de la Misión aclara algo importante. Esa salida no borra ni frena las investigaciones. La Corte Penal Internacional ya tenía investigaciones abiertas por hechos ocurridos en Venezuela mientras el Estatuto seguía vigente en el país. En otras palabras, estos informes nos han permitido construir un expediente. Ese archivo se construye hecho por hecho. Algún día podrá sostener una acusación penal en Venezuela o en otro país. Por eso más víctimas y testigos deberían animarse a contar su historia a la Misión.

Con esa función en mente, vale la pena leer el caso de Alfredo Díaz Figueroa. Díaz había sido gobernador de Nueva Esparta y líder regional del partido Acción Democrática. Unos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional lo arrestaron el 24 de noviembre de 2024. Este servicio se conoce como SEBIN. La detención ocurrió en Ospino, en el estado de Portuguesa. Su familia no supo de su paradero durante cuatro días. Ese fue el inicio de múltiples violaciones al debido proceso. Esas violaciones incluyeron una detención incomunicado y una desaparición forzada. Lo acusaron de incitar al odio y de terrorismo. Pasó el resto de su detención sin poder elegir un abogado defensor. Tampoco pudo acceder al expediente de su caso.

Lo que hace especialmente grave este caso, según la Misión, no es solo la detención arbitraria. Esa detención ya es un delito grave por sí misma. Lo verdaderamente grave es lo que pasó con su salud. Antes de ser detenido, Díaz ya tenía antecedentes médicos serios. Sufría convulsiones, un cuadro de ansiedad con rasgos paranoides y depresión. Además, un informe médico de ese año mostraba indicaciones pendientes. Tenía pendiente un tratamiento con medicamentos, una tomografía y una valoración neurológica. No pudo cumplir su tratamiento debido a la persecución política.

Unos testigos compartieron celda con él y contaron su situación. Dijeron que tuvo al menos dos episodios graves ya en prisión. El primero ocurrió en octubre de 2025. En esa ocasión sufrió un dolor intenso, rigidez muscular y desorientación. El personal médico de El Helicoide diagnosticó esos síntomas como indigestión y problema del estómago. Nunca lo evaluó un especialista. La propia Misión documenta los reclamos repetidos de su familia y de sus compañeros de reclusión. Esta negligencia también constituye un castigo extendido. Ese castigo va más allá de los prisioneros y afecta a sus seres queridos. Los familiares quedan con la impotencia de no poder ayudar y obligados a defenderlos desde lejos.

El 6 de diciembre de 2025, alrededor de las cinco de la mañana, Díaz volvió a presentar los mismos síntomas. Sus compañeros vivieron su agonía. Hicieron las alertas necesarias, pero las atendieron tarde. Los guardias lo trasladaron al área médica del centro. Allí le hicieron maniobras de reanimación. Murió poco después en el Hospital Universitario de Caracas. La causa oficial de su muerte fue un infarto agudo de miocardio.

La Misión no dice que lo mataron a golpes. Tampoco afirma que existiera una orden directa para dejarlo morir. Señala algo distinto. En cierto modo, esa situación es más difícil de esquivar para los responsables dentro del Estado. Hubo una falta sostenida de atención médica especializada. Esa falta ocurrió pese a las señales de alarma repetidas durante más de un año. Por eso, esa negligencia fue un factor que contribuyó a su muerte. Eso constituye una privación arbitraria de la vida y es atribuible al Estado. La razón es que quien tiene bajo custodia a una persona también asume la obligación de proteger su salud.

Esto nos lleva a una conexión fundamental. Existe un vínculo entre su caso y el hallazgo central al inicio de esta serie. Díaz no es un caso aislado. La Misión también documentó la muerte de Edison José Torres Fernández. Él era un detenido y trabajaba como policía con 24 años de servicio. Lo detuvieron por criticar al Gobierno. Su cuerpo tenía lesiones que nadie incluyó en el certificado de defunción oficial.

Son historias distintas. Sin embargo, ocurrieron bajo el mismo sistema de custodia. Tienen el mismo patrón de fondo. Son personas que entraron vivas a prisión con problemas de salud conocidos. Luego salieron en un ataúd, sin que nadie haya respondido todavía por lo sucedido.

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