Tras haber elegido un nuevo gobierno, ¿qué tanto han cambiado las estructuras y las instituciones del Estado?
Este artículo es parte de la serie Spotlight de Global Voices de septiembre 2026, «Protesta en Democracia«. Esta serie explora las distintas formas de protestas y las tácticas que usan los Estados para deslegitimarlas y reprimirlas. También analiza la compleja relación entre la protesta y la democracia. Usted puede apoyar esta cobertura con una donación.
El 5 de agosto de 2024, cientos de personas tomaron las calles de Daca, la capital de Bangladesh. Sucedió después de que cayó el Gobierno que había mandado en el país por más de 15 años. Hubo protestas en masa contra el autoritarismo y fuertes demandas de rendición de cuentas.
Nadie se lo habría imaginado semanas antes. El día que ocurrió, las multitudes inundaron las calles para celebrar el fracaso del Gobierno. Por fin, las autoridades atendían una demanda de rendición de cuentas.
Dos años después, otra pregunta sigue a esa gran victoria. ¿Logró el país cambiar solamente el Gobierno o también cambió el sistema? Ese sistema impulsó a los habitantes a tomar las calles.
La revuelta de julio comenzó por una reforma de las cuotas en los empleos públicos. Eso derivó en un amplio descontento político y social. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (conocida como OHCHR) contó alrededor de 1400 muertes entre el 1 de julio y el 15 de agosto de 2025. El 5 de agosto, la entonces primera ministra, Sheikh Hasina, dimitió y abandonó el país.
El Gobierno cayó y ese era el resultado visible. Sin embargo, quienes salieron a las calles en julio querían mucho más. Deseaban reformas institucionales, que se asumieran responsabilidades y una reconstrucción total desde cero de las estructuras de poder.
Las promesas de las revoluciones de julio
Hasnat Abdullah es uno de los principales líderes de este movimiento. Él dijo al portal de noticias BDNews24.com que algunos de los cambios estructurales discutidos en la revolución nunca se materializaron.
En sus palabras:
People expected reforms across the judiciary, executive and every institution of the state. Instead, the same old structure that repeatedly allows authoritarianism to return has survived.
Se esperaban reformas en el poder judicial, en el ejecutivo y en cada institución del Estado. En su lugar, sobrevivió aquella vieja estructura que permite el regreso constante del autoritarismo.
Otros observadores cuestionan esa afirmación. El analista político Kazi Mohammad Mahbubur Rahman lo explica así en su conversación con BDNews24.com:
জুলাই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ‘কর্তৃত্ববাদ থেকে মুক্তি’ পেয়েছে, ‘অনেক দিন পর’ মানুষ ভোট দিতে পেরেছে, একটি নির্বাচিত সরকার এসেছে।
নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের একটা বার্তা আমরা পাচ্ছি, কিন্তু ভবিষ্যৎ বলে দেবে, এটা কতটা টেকসই হল। এখন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কার্যকর রাখা এবং এটা সক্রিয় করার ক্ষেত্রে কাজ করতে হবে।
La revolución de julio liberó a Bangladesh del régimen autoritario. Tras años sin elecciones, el pueblo volvió a votar y eligió a un gobierno democrático.
Las elecciones dan un mensaje de democracia. Sin embargo, que esa democracia se sostenga depende del trabajo pendiente: mantener el proceso activo y mantenerlo con vida.
Construir un sistema democrático completo requiere tiempo, dijo él. Por ende, la pregunta después de julio no consiste solo en quién tiene el poder. También se trata de cómo han cambiado de verdad las reglas de quien lo tiene.
La reforma, analizada dos años después
Varios estudios han analizado la diferencia entre lo que la gente esperaba y lo que recibió.
El BRAC Instituto de Gobernanza y Desarrollo del BRAC (BIGD) hizo encuestas de seguimiento en tres fases entre 2024 y 2025. Los resultados muestran que el optimismo descendió constantemente. En agosto de 2024, el 71% de los encuestados creían que la dirección política del país iba por buen camino. Para 2025, el número había bajado hasta el 42%. Por otra parte, el 57% calificó la reforma policial y judicial como las prioridades de mayor urgencia. El 38% eligió la reforma electoral.
Los ciudadanos consideran a las instituciones igual de importantes que las elecciones y que el cambio en el Gobierno. Por eso, la gente sigue cuestionando si esas reformas se sostienen.
En abril de 2026, Al Jazeera publicó un dato importante. Al menos 23 de las 133 ordenanzas emitidas por el gobierno interino (entre agosto de 2024 y febrero de 2026) fueron derogadas o se dejaron expirar. Estas normas abarcaban derechos humanos, control judicial, reforma policial e iniciativas para evitar la corrupción. Los partidos opositores y algunos analistas consideraron esto como un retroceso. El Gobierno tiene otra opinión al respecto. Según las autoridades, se trata de un proceso de revisión donde retiraron las leyes para reformarlas y volver a presentarlas, y niegan que hayan cancelado las reformas.
El lento avance de las reformas estatales no es la única queja. Según los medios, partidos opositores y activistas de derechos humanos resaltan que están resurgiendo viejos hábitos políticos con nombres nuevos. Las contrataciones por recomendación se han vuelto a colar en las instituciones más importantes. El controvertido Batallón de Acción Rápida se disolvió ante acusaciones de abuso, pero ahora tiene un sucesor llamado SRB. Los críticos se hacen una pregunta obvia: ¿cambiarle el nombre a un problema lo soluciona?
Las leyes cibernéticas y el derecho a la libertad de expresión generan una nueva pelea. El control estatal sobre la expresión en línea marcó las protestas de 2024, según informa la OHCHR. Aquella situación incluyó la caída de Facebook y bloqueos de internet. El Gobierno defiende sus medidas. Afirma que el reglamento sobre ciberseguridad es necesario para combatir la delincuencia en línea, la desinformación y el contenido generado por IA. Sin embargo, los críticos ven otra cosa. Para ellos, la vieja maquinaria para silenciar a la disidencia ha sido reconstruida.
El destino de la Carta Nacional de julio plantea la misma pregunta. Esta carta fue firmada por partidos políticos importantes como el gobernante Partido Nacionalista de Bangladesh. El texto prometía reformas estructurales en las instituciones estatales: división de poderes, independencia judicial, sistema electoral, policía y medidas anticorrupción. Tras dos años, los partidos políticos siguen sin ponerse de acuerdo sobre hasta dónde y qué tan rápido deberían ir esas reformas.
¿Qué viene después de las protestas?
Una protesta puede derrocar a un gobierno rápidamente. Sin embargo, reconstruir instituciones, reescribir leyes y redistribuir el poder no es cosa de semanas, sino de años. A primera vista, se percibe un nuevo gobierno democrático. No obstante, una democracia que funcione de verdad se manifiesta en otra parte. Aparece en las instituciones, en la rendición de cuentas, en la división de poderes y en los derechos civiles que la ciudadanía puede ejercer realmente.
La revuelta de julio de 2024 demostró que una protesta puede eliminar el poder político. Dos años después, el desafío es otro. ¿Cuánto de lo que la gente esperaba de aquella protesta existe hoy en la práctica?
La pregunta de Hasnat Abdullah no va dirigida solamente a los responsables del movimiento. Va dirigida a quienes llevan a los heridos a los hospitales, a quienes dan de comer y de beber, y a quienes apoyaron las protestas sin importar su lugar de procedencia.
El Gobierno ha cambiado. Eso es más que evidente. Saber si las promesas de julio se han arraigado en las instituciones y en las estructuras de poder que las cimentan es un balance que aún no termina.